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Sobre los centros de reinadapatación en México

Samuel David Zepeda

Dimensión crítica

Policías resguardan el penal de Topo Chico, en Nuevo León, tras los enfrentamientos.
Policías resguardan el penal de Topo Chico, en Nuevo León, tras los enfrentamientos.

La justicia no es para todos, tampoco lo es la indignación y la cobertura en medios; en redes sociales, sólo hay preocupación e indignación ante catástrofes en el “primer mundo”, pero los acontecimientos pasan desapercibidos cuando se trata de países “periféricos”. ¿Acaso alguien vio que Facebook abriera la posibilidad de solidarizarse con Turquía o Indonesia después de los ataques terroristas perpetuados en estas naciones? ¿Acaso en Twitter se generó algún hashtag viral que reflejara la indignación por estos hechos? De esa misma manera, en México, la indignación sobre los acontecimientos deleznables a veces también se limita a ciertas esferas y grupos sociales. Hace no más de una semana, en el penal de Topo Chico, 49 personas perdieron la vida y, a la fecha, la noticia sólo ha sido someramente mencionada en algunos medios, mientras que en otros no ha tenido lugar; esto no es sólo porque la visita del Papa a México tenga cobertura total en los grandes medios mexicanos, sino que, incluso, en las redes sociales —que, por cierto, se han convertido en el gran método alternativo de información—, tampoco ha surgido alguna reacción significativa acerca de este hecho ocurrido dentro de una instalación supuestamente regulada y vigilada por el gobierno.

El Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico, ubicada en Nuevo León, ha inscrito su nombre con letras bañadas de sangre en la historia nacional, pues el jueves pasado ocurrió en su interior una confrontación entre dos grupos de reos, supuestamente dirigidos por dos reclusos con vínculos con los zetas que pretendían hacerse del control interno del penal. El enfrentamiento concluyó con un saldo de 49 muertos, según los últimos reportes, pues en un inicio se hablaba de 52, además de 12 heridos, varios de ellos de gravedad. Hasta ahora, la información fluye lenta y escasamente, pues, al parecer, las vidas de los reos poco importan a la comunidad en general, como si ellos fueran alguna clase de subespecie entre los humanos, o como si el hecho de haber sido encarcelados los colocara ya, por default, como materia de sacrificio; como si las personas que ingresarán a algún penal no tuviesen remedio alguno.

Los reformatorios en México han perdido todo fundamento y objetivo, pues realmente no cumplen con el objetivo de “readaptación y prevención de delito”, sino que, más bien, se han convertido en centros de reunión y organización de células delictivas, donde incluso los criminales menores terminan su sentencia adquiriendo mayores aptitudes y conexiones para el desarrollo de empresas ilícitas, es decir, los criminales con sentencias cortas no salen con ganas de reintegrarse a la sociedad, como un ciudadano más que se atiene a la ley, sino que regresan a la sociedad con mejores habilidades y contactos gracias a su estancia en el CERESO respectivo. En otras palabras, los reformatorios ya no ofrecen reforma alguna; la corrupción, los programas arcaicos, la sobrepoblación, y el sistema de organización anticuado han dejado de ofrecer verdaderas alternativas para la transformación de los internos. Los reos ya no aprenden oficio alguno que les ayude a reintegrarse a la sociedad y tampoco se involucran en actividades que funcionen para resarcir en alguna medida el daño que, en su momento, causaron a la sociedad.

Empero, lo alarmante no sólo es el poco interés e indignación que ha generado el evento entre la comunidad en general, pues dejando de lado los dilemas éticos y la disposición moral que se tenga hacía las personas encarceladas, el problema mayor, me parece, reside en que este conflicto al interior de una cárcel no es un hecho aislado; es uno más de entre tantas barbaridades que se han venido destapando en sistema penitenciario mexicano.

Las deficiencias que enuncié arriba se suman a las carencias técnicas que han sido desveladas en los últimos años, así como la permisividad, complicidad e ineficiencia de los encargados, pues hoy en día, cabe hacer las siguientes preguntas: ¿cómo es posible que la gente, que se supone está aislada, pueda tener un teléfono celular e incluso organizar y cometer delitos desde el penal? ¿Cómo es posible que no exista control sobre esos elementos? ¿Cómo es posible que algunos reos tengan televisiones y prostitutas en sus celdas? ¿Cómo es posible que el Chapo logrará escapar teniendo vigilancia las 24 horas? ¿Cómo tenía un iPad? ¿Cómo es que ciertos dispositivos de seguridad no tienen el mantenimiento necesario? ¿Cómo es posible que alguien con documentos falsos —en especial una diputada— pueda visitar a uno de los reos más peligrosos del mundo, sin que nadie se dé cuenta en el momento? ¿Cómo es posible que los oficiales no tengan las armas, el entrenamiento, ni el equipo necesario para detener una riña o un motín? ¿Cómo es posible que nadie activó la alarma y alertara a la policía cuando, incluso, los vecinos del penal se habían dado cuenta del conflicto y pudieron grabar parte de él desde sus casas? ¿Cómo es posible que la reacción de los guardias fue tan lenta que le pudieron quitar la vida a 49 personas con armas de corto alcance —no hubo una bomba, no hubo un arma de fuego, fueron ataques cuerpo a cuerpo, algunos con armas punzocortantes y otros con tubos y piedras? ¿Cómo es posible todo esto y más? La respuesta a cada pregunta es difícil, pero la respuesta general, se evidencia por sí misma: corrupción.

El sistema penitenciario en México está corrupto en muchos de sus niveles y esferas desde hace ya mucho tiempo. Sólo ahora, cuando explotan los elementos ya incontenibles, es que nuestra atención se vuelve a centrar en uno de los elementos más importantes de la justicia: qué pasa después de la sentencia. El problema no es sólo encerrar a los que cometen un crimen y alejarlos de la ciudad para que todos continúen con sus vidas; me parece que es momento de preguntarnos si esa es una solución eficiente, si es necesario mandar a todos los criminales a una prisión y permitir la convivencia entre los criminales de alta peligrosidad —y que pertenecen a grupos delictivos organizados— y los criminales de bajo nivel, como si fueran lo mismo. Me parece que nos hemos concentrado sólo en la parte punitiva del sistema de justicia, sin realmente velar porque el crimen sea evitado a priori, y que en los casos dónde ya ocurrió se busque prevenir la reincidencia. Insisto, hacen falta programas de mejora y nuevos mecanismos de readaptación.

En esta época de “reformas” y de gran preocupación por la impartición rápida y expedita de justicia —como promete el mando único—, podemos preguntarnos: ¿qué hay de la vida después de la condena? ¿Cómo se habilitarán las cárceles para que se conviertan en verdaderos reformatorios? ¿Cómo se salvaguardan los derechos humanos de quienes están ahí? Considero que la condición de convicto no los exime de su condición humana, además, recordemos que hay casos de gente inocente en prisión. ¿Cómo hacer para evitar esos casos? Y, para el caso específico de Topo Chico, cabe preguntarse, ¿qué pasará con los familiares de los reos asesinados? ¿Podrá hablarse de justicia?

En resumen, este evento pone en evidencia que encerrar, cómo único instrumento del sistema penitenciario, no funciona. Me parece que tomar al encierro como justicia no solucionará nada ni resarcirá en medida alguna el daño. Es hora de pensar en nuevos programas de rehabilitación, nuevas estructuras organizativas, nuevos mandos y normas para las cárceles en México, pues —evidentemente— son ineficientes.

 

Samuel David Zepeda, México.

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