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Prognosis: la mediación y la conciliación en el juicio oral mercantil

Agenda Ciudadana

Desde México

Escribe: Mtro. Santiago I. Quiroz Villarreal.

Juicio Oral

A diferencia de la famosísima Reforma Constitucional bautizada como de “Seguridad y Justicia”, que significó la transformación del sistema penal en nuestro país, hay un cambio en otra materia del derecho, sobre la cual ha habido poca difusión, y que, por lo tanto, muy poco se ha escrito respecto, a saber: la reforma al Código de Comercio que dio vida al Juicio Oral Mercantil.

El 27 de enero de 2011, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la adición de un artículo 1390 ⎯y que va hasta el 1390 Bis 49 ⎯ denominado Juicio Oral Mercantil, cuya entrada en vigor se estipuló, transitoriamente, al año siguiente de su publicación. Empero, su implementación, en el lapso de un año, aunque se emplearan los días inhábiles, implicaba un esfuerzo inconmensurable para las judicaturas que conocen concurrentemente esta materia, por lo que el 9 de enero de 2012, a unos días de que el plazo mencionado venciera, se reformó la entrada en vigor de este sistema de enjuiciamiento oral, fijándose como nuevo plazo el primero de julio de 2013.

Al día de hoy, las experiencias respecto de esta nueva forma de heterocomposición oral mercantil, a lo largo y ancho de México, han sido variadas. Algunos señalan que se trata de un esfuerzo positivo, un camino en el que habrá tropiezos, pero que indudablemente resultará en la obtención de las metas trazadas por el legislador.

Sin embargo, según otros puntos de vista, los resultados han sido mediocres, tomando en consideración, precisamente, los objetivos en el nuevo 1390 del Código de Comercio, que fueron, entre otros: garantizar el acceso a la justicia con mayor celeridad y en concordancia a las necesidades y circunstancias que demandaban los tiempos, y, al mismo tiempo, enfrentar la saturación del sistema judicial mercantil.

El juicio oral mercantil se compone de cuatro etapas, dos escritas y dos orales, las cuales son: 1) Fijación de la Litis (etapa escrita); 2) Audiencia Preliminar (etapa oral); 3) Audiencia de Juicio (etapa oral) y; 4) Ejecución de Sentencia (etapa escrita). Durante la audiencia preliminar, el código prevé que el Juez, una vez habiendo depurado el procedimiento, habrá de procurar la conciliación de las partes.

¿Autocomposición por el heterocomponedor?

A diferencia del sistema de justicia oral penal, en el que la figura del facilitador no coincide con la del juzgador, en el juicio oral mercantil, este es el caso.

La fracción segunda del artículo 190 Bis 32, en relación con el 1390 Bis 35, prevé al respecto que el Juez habrá de conciliar (o mediar) a las partes, “haciéndoles saber los beneficios de llegar a un convenio, proponiéndoles soluciones”, para que en caso de que las partes lleguen a un arreglo —por sí mismas o tomando alguna de las propuestas hechas por el juzgador—, se apruebe de plano, adquiriendo dicho acuerdo la fuerza de la cosa juzgada.

Será muy afortunado para los casos en que se logre la autocomposición por virtud de la buena disposición de las partes, es decir, cuando sean éstas las que procuren el advenimiento dialogado del conflicto y procuren una solución en forma de convenio. Y resultará aún más afortunado —y esporádico— cuando lo hagan aprovechando los oficios conciliadores del juez (quien, por cierto, no va a adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para poder ofrecer una mediación o conciliación profesional y de calidad “por ministerio de ley”).

Señaladamente, la figura del juzgador como el tercero revestido de facultades decisorias y coercitivas, a quien se encomienda poner fin a un conflicto mediante la adjudicación del mejor derecho o la razón, resulta difícil de empatar con la figura del tercero facilitador, quien no tiene facultades decisorias y quien, en lugar de la coerción, posibilita el intercambio confidencial de información para el advenimiento voluntario de las partes.

La idea de que nadie puede ser juez y parte, evidentemente se puede traducir en nadie puede ser juez y mediador —o conciliador—, debido a que la forma en que uno y otro procuran la solución de las controversias y debido a lo que de cada figura esperan las partes.

Los oficios conciliatorios y la estrategia litigiosa de las partes

Otro reto, que afortunadamente ya está atajada vía tesis aislada dictada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito[1], consiste en que, en el supuesto que el juez sí tenga el entrenamiento teórico y práctico suficiente para poder ofrecer una mediación o una conciliación de calidad, serán las partes las que no habrán de intentar un arreglo por el temor de que al negociar tengan que ceder, y que el ceder les puede acarrear perjuicios procesales —a modo de admisión de hechos o reconocimiento de adeudo, por ejemplo— en el supuesto de que sus oficios conciliatorios no lleguen a buen puerto y que se deba continuar el proceso jurisdiccional.

Al respecto, se ha determinado lo siguiente:

JUICIO ORAL MERCANTIL. LAS PROPUESTAS DE CONCILIACIÓN Y/O MEDIACIÓN QUE PROCUREN LAS PARTES O PROPONGA EL JUEZ EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR, NO GENERAN CONFESIÓN EXPRESA, ESPONTÁNEA, NI PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA DEL ADEUDO RECLAMADO EN BENEFICIO O PERJUICIO DE LAS PARTES EN NINGUNA ETAPA PROCESAL.

Los artículos 1390 Bis 33, 1390 Bis 34 y 1390 Bis 35, segundo párrafo, del Código de Comercio establecen, entre otros objetivos, que en la audiencia preliminar, el Juez procurará la conciliación entre las partes, haciéndoles saber los beneficios de llegar a un convenio proponiéndoles soluciones. Que si llegaren a un convenio, el Juez lo aprobará de plano si procede legalmente y en caso de desacuerdo proseguirá con la audiencia. Asimismo, que las partes no podrán invocar, en ninguna etapa procesal, antecedente alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación, ni rechazo de las propuestas de conciliación y/o mediación. Esto significa, con base en el último de los artículos citados, que en caso de no lograr un arreglo, aun cuando las partes lo hubieren intentado, el legislador ha querido desvincular las propuestas de éste suscitadas en la fase conciliatoria de las subsecuentes etapas del procedimiento, proscribiendo el derecho de las partes a invocarlas, puesto que así logra mantener la sustancia del juicio incólume, puesto que habrá de continuarlo y sujetando la litis, en todo caso, a los principios de contradicción, dispositivo y de carga de la prueba, que cada parte debe asumir en el procedimiento oral mercantil, ya que no es la finalidad de dicha fase en la audiencia preliminar sustituir las cargas de las partes, sino evitar en lo posible el juicio, mediante esas formas heterocompositivas. Siendo que, además, con dicha disposición se preserva la imparcialidad del Juez, al desligarlo de toda intención de arreglo previo y de los contenidos que pudieran influir en su criterio, en tanto que, en la conciliación y/o mediación, el Juez habrá de ser cuidadoso de no emitir alguna opinión que implique un juicio adelantado de su parte. Por tanto, los acuerdos previos que no fructifiquen y todas las manifestaciones de las partes en dicha audiencia sobre las respectivas propuestas, no constituyen una confesión expresa o espontánea, ni generan presunción de existencia del adeudo reclamado, por lo que no pueden considerarse en el juicio a favor o en perjuicio de las partes en ninguna etapa procesal, al existir prohibición expresa del legislador en tal sentido.

 

A pesar de la existencia de este criterio, lo cierto es que la mayor parte de los litigantes se abstienen de negociar con franqueza y honestidad debido a que están inmersos en un sistema heterocompositivo que los hace contendientes y adversarios, con la expectativa de que el juzgador les adjudique la razón y, por ello, “ganar”; ser los vencedores. Aunado a lo anterior, el hecho de que, en muy pocos casos, las judicaturas locales y federal han procurado la sensibilización y capacitación mínima para los jueces, a fin de que puedan fungir como mediadores o conciliadores intra-judiciales, resulta en un futuro muy poco alentador la justicia mercantil por acuerdos.

La prognosis

Sin entrar en el debate que defiende que los mecanismos alternativos de solución de controversias no vienen a despresurizar la carga judicial de resolución de conflictos (porque aunque parece inverosímil, hay un choque de visiones, una confrontación, entre los promotores de las vías pacíficas de acceso a la justicia sobre este y otros temas, como la certificación de facilitadores), los objetivos planteados por el legislador federal, como motivos imperiosos de existencia del proceso oral mercantil (garantizar el acceso a la justicia y despresurizar los juzgados), podrían no cumplirse si no se dimensiona la importancia de la mediación y la conciliación como vías efectivas y distintas a la heterocomposición, que gozan de la misma dignidad que la jurisdicción del Estado, como garantía de acceso a la justicia en general y, por supuesto, en lo que respecta a los conflictos derivados de los actos de comercio.

Santiago I. Quiroz Villarreal, México.

 

[1] Época: Décima Época, Registro: 2006455, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia: Civil, Tesis: I.11o.C.52 C (10a.), Página: 2068, publicada el viernes 16 de mayo de 2014 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

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